Hace unas semanas conocíamos la tremenda historia de Sara, una  niña española localizada en México once años después de que su padre se la llevara del domicilio familiar, en Ávila, cuando tenía tres años. En un mundo en el que cada vez hay menos fronteras, muchos padres –y alguna madre– deciden llevarse a sus hijos e hijas a cualquier rincón del mundo. Hoy dedicamos este espacio a hablar de las sustracciones de menores, uno de esos delitos casi invisible, que aparece bajo los focos muy de vez en cuando.

Para empezar explicaremos en qué consiste el delito de la sustracción de menores y cómo está castigado por la ley española, ya que hasta 2002, era un desastre. Ese año, la reforma del Código Penal incluyó como delito lo que ocurría en muchos casos de matrimonios separados o divorciados que se disputan la custodia de los hijos. Desde entonces, la sustracción de menores es “el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien convivía habitualmente”. Es decir, que basta con que un padre separado se lleve un niño desde Barcelona a Girona sin permiso de la madre –en el caso de que el pequeño esté a cargo de la mujer– para que esté cometiendo este delito, que está castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel. También es delito, tras la reforma del Código Penal, la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Aquí estamos ante el tan repetido caso del padre o la madre que no respetan el régimen de visitas fijado por un juez. Aunque parezca increíble, antes de 2002, esto era sólo un delito de desobediencia, un delito muy menor, muy poco castigado y muy poco perseguido.

No hay una estadística fiable de los casos de este tipo que se producen en España. La memoria de la Fiscalía General del Estado no recoge estos delitos y la mayor parte de casos van directamente a los juzgados, no pasan por instancias policiales, que son las que ofrecen estadísticas. Pensemos que en muchas separaciones y divorcios hay una disputa por la custodia de los hijos, que en muchas ocasiones son empleados como arma arrojadiza o sirven de chantaje entre los cónyuges. Y la mayoría de estos casos acaban en los juzgados con denuncias cruzadas…

Los casos son mucho más complicados cuando se trata de matrimonios entre españoles y extranjeros, cuando existe la posibilidad de que uno de los cónyuges saque al niño de España. Actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores tramita 84 casos de sustracción internacional de menores en los que uno de los progenitores, de nacionalidad española, reclama la mediación del ministerio para recuperar a sus hijos. Una buena parte de estos casos tiene visos de solucionarse con un final feliz, porque los niños están localizados en alguno de los países firmantes del Convenio de la Haya. Este acuerdo internacional fue suscrito en 1980 para “garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquiera de los estados firmantes". Esos estados son la totalidad de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y una buena parte de los países latinoamericanos… El acuerdo, desde luego, tiene un fin encomiable, el problema es que, como casi todos los convenios internacionales, a veces se da de bruces con la realidad de cada uno de los países. Por ejemplo, México se adhirió en 1991 a este convenio, pero han tenido que pasar once años para que una mujer española recuperase a su hija, que estaba en el país centroamericano.

El caso de Sara García Rachid
Sara es la hija de una mujer de origen marroquí y de un hombre español, Cesáreo García Sánchez. Ambos se habían separado y el juez había concedido la custodia de la niña a su madre. El 6 de noviembre de 1998, cuando Sara tenía tres años, Cesáreo se llevó a la niña de su casa de Ávila para pasar la tarde con él. No volvieron. La Guardia Civil buscó a la niña en Francia, República Dominicana, Marruecos y Argelia, hasta que en el año 2003 los investigadores recibieron la información de que Sara podía estar en México. México no es un país fácil para estos trámites. Hablabas de 2003, cuando interpol notifica a México que la niña está allí. Pasó un año hasta que la policía mexicana simplemente contestó y dijo que no sabía nada del padre ni de Sara.

Todo quedó parado hasta febrero de 2006, cuando Cesáreo solicitó la renovación de su pasaporte en el Consulado español de Monterrey. La Guardia Civil, a través de Interpol, exigió a los mejicanos que localizasen a la pequeña y a su padre, incluso elaborar un retrato-robot del aspecto que podría tener la niña basándose en las fotos de cuando tenía tres años, pero la respuesta de la policía mexicana era siempre negativa… Hasta que el pasado 23 de marzo, Interpol comunicó que la niña y el padre habían sido localizados. Seis días después, Sara, que ya tiene 14 años, volvió con su madre.

Y  al final a este hombre no le ha pasado nada, porque hace once años –y hasta 2002– lo que Cesáreo García hizo no era más que un delito de desobediencia, que tiene una pena inferior a un año de prisión. Es decir, aunque le condenen, que parece claro, no entrará nunca en la cárcel.

El que un menor sea llevado a un país árabe es el peor supuesto en estos casos. En los países árabes, los jueces otorgan de manera casi automática la custodia de los niños a los padres, porque ya sabemos el papel que juega la mujer en estos países… Si además, el padre es árabe y la madre es una occidental… Fue lo que le ocurrió a Leticia Moracho, una madrileña que el mes pasado regresó desde Iraq con su hija Sara, de once años, que estuvo casi tres años retenida por su padre en aquel país.

Leticia y su pareja de hecho, el iraquí Abbas Alí Hussain, tuvieron una relación durante 16 años en España de la que nació una hija, Sara. Tras la separación, un juez concedió la custodia a la madre de la pequeña. En septiembre de 2006, Leticia entregó a la niña a su padre para que pasase el fin de semana con él. Lo que hizo el padre fue sacarla de España y llevarla hasta la ciudad iraquí de Basora, donde ha permanecido hasta que finalmente, el mes pasado y gracias a las gestiones del embajador español en Iraq y del propio ministro de Asuntos Exteriores, la pequeña salió del país acompañada por su madre. El padre de Sara había falsificado documentos para demostrar que él y su mujer estaban casados en Iraq y residían allí desde 1994. Por esta falsificación, el padre ha sido condenado a cuatro días de prisión en Iraq…

La historia de Sara ha tenido un final feliz que, desgraciadamente, no han tenido otras historias… Hemos tenido la ocasión de conocer a Belén Tapia, una profesora de danza zaragozana que fue la persona que puso rostro y nombres y apellidos a esta realidad. La primera que avisó del desastre legal en España para estas situaciones. Belén ha sido una de las personas que más ha luchado porque los legisladores incluyesen en el código penal la figura de los secuestros parentales y es la principal impulsora de la Asociación para la Recuperación de niños sacados del país. Su caso es especialmente sangrante y es un ejemplo perfecto para que la sociedad, los políticos y los jueces sepan a qué nos enfrentamos.

Belén busca a su hija Dounia desde hace doce años, cuando se la llevó su padre, presumiblemente, a Marruecos. Abdelhilah Chadidi, que es como se llama el marido de Belén, se llevó a la pequeña Dounia cuando la cría tenía dos años y medio. El matrimonio estaba ya separado e incluso Belén había denunciado al marroquí por malos tratos. Aprovechando una de las visitas a su hija que le concedió el juez, Abdelillah se llevó a la pequeña Dounia, cruzando por la frontera de Ceuta con Marruecos.

El caso es especialmente sangrante, porque Belén ya había avisado y conseguido que el juzgado dictara una orden para impedir la salida de su hija del país, algo que la policía se saltó a la torera y que incluso le costó al Ministerio del Interior una indemnización de quince millones de pesetas. Lo cierto es que el padre de Dounia se puso en contacto con Belén y le ofreció devolverle a la niña a cambio de que pagara un rescate de diez millones de pesetas.

Dos años después de la desaparición de la niña le enviaron a Belén un certificado de defunción de un hospital de Rabat que decía que Dounia había muerto por una afección pulmonar debido a las condiciones en las que había estado confinada. Le dieron incluso una manta con manchas de sangre que, efectivamente, procedían de la niña, pero que no demuestra que esté muerta. De hecho, Belén Tapia viaja frecuentemente a Marruecos en busca de la niña, se entrevista con autoridades, con hampones y con todo aquel que le pueda ayudar. Pasa las noches navegando en Internet mirando fotografías de alumnas de colegios marroquíes en busca de la mirada de su hija… El secuestro de su hija la ha marcado de tal forma que hace nueve años decidió tener otra hija, sin la ayuda de un padre, y le ha obligado a memorizar sus números de teléfono, su DNI, el de su madre… Además, dedica buen parte de su tiempo a la Asociación que fundó y que ha logrado ya la recuperación de 37 niños sacados de nuestro país de forma ilegal.

Estos casos no sólo se dan en los países árabes. También hay jueces de naciones civilizadas, del primer mundo, que dictan resoluciones, cuantos menos, curiosas. En la mente de todos está el caso de María José Carrascosa. Esta mujer valenciana lleva desde el año 2006 en una prisión del estado norteamericano de New Jersey por trasladar a España a la hija que tuvo con el norteamericano Peter Innes. La pareja convivió cinco años en Estados Unidos y un juez de Valencia denegó la devolución de la pequeña a su padre al considerar que no había habido sustracción de menores. Sin embargo, el Tribunal Superior de New Jersey acordó cinco meses antes que la madre debía devolver a la pequeña. Como María José estaba en Estados Unidos, fue detenida y encarcelada por desobediencia. Así que se da el absurdo de que la madre esté en prisión y la niña no está con su padre, sino que permanece en Valencia, con sus abuelos maternos. Creemos que esta misma semana se van a reunir en La Haya jueces españoles y norteamericanos para tratar de poner un poco de sentido común a este laberinto jurídico del que, al fin y al cabo, la principal víctima es la niña. Y no sólo en Estados Unidos hay menores españoles secuestrados por sus padres, hablando de primer mundo, también en Italia, Hungría, Escocia, Alemania y Noruega

También los jueces españoles dictan resoluciones sorprendentes. En el año 2007, la Audiencia Provincial de Oviedo ordenó a María Amor González que enviase a sus cuatro hijos, de entre 8 y 14 años, a Israel, donde reside su padre. Los jueces dieron la razón al padre, que sostenía que los niños habían sido sacados ilegalmente del país en 2005, tras la ruptura de la pareja. Según los abogados de la mujer, la Audiencia asturiana no tuvo en cuenta los deseos de los críos, que no querían volver a Israel, ni el hecho de que la mujer salió del país porque las leyes en Israel no le permitían divorciarse, ya que ella es judía conversa. Al final, los hijos, después de luchar por todos los medios, volvieron a Israel.

La maquinaria judicial sabemos que es exasperadamente lenta y en casos como éstos casi siempre llega tarde, cuando llega. El mismísimo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se lo recordó a la justicia española. En una sentencia insólita, condenó al estado español a indemnizar con 34.000 euros a María Iglesias, ya que consideró que no había actuado con suficiente diligencia para facilitar el regreso de su hijo, Alejandro Urcera, secuestrado por su padre durante más de tres años. El crío era un lactante cuando su padre se lo llevó hasta el estado norteamericano de Texas, desde donde fue devuelto tras esos tres años. Hoy, el padre preside una asociación llamada SOS Papá, una asociación que se presenta como un grupo pro-derechos del niño, custodia compartida y contra el secuestro y maltrato institucional de los hijos… Aunque la asociación ha perdido peso caído desde que el presidente Urcera ingresase en prisión para cumplir cuatro años de condena.

En la mayoría de los casos son hombres los que secuestran a sus hijos, pero también hay mujeres que se los llevan contra la ley y el sentido común. Por ejemplo, Alfonso Vega, padre separado, había logrado en 2004 la custodia de su hijo. Vivían en Badajoz y la madre, Flor Mirón, en Málaga. La mujer denunció a su marido por amenazas, denuncia que luego se archivó porque se trataba de una artimaña para recuperar a su hijo. Como no lo logró, se llevó al niño a Málaga tras una visita. El hombre denunció el caso y aún así, y la justicia es igual de lenta para hombres que para mujeres, tardó más de dos años en recuperar a su hijo. La madre fue condenada a un año de prisión en diciembre de 2007 y tuvo que pagar mil euros al padre como indemnización.

Así que, aunque tarde, a veces la Justicia pone las cosas en su sitio. En un ochenta por ciento de los casos de sustracción de menores, el niño o la niña están localizados, pero es muy difícil hacer cumplir sentencias que crucen fronteras, como hemos visto. Las cosas son más sencillas cuando el secuestro se produce en nuestro propio país y unas cuantas sentencias recientes sirven de ejemplo. El pasado mes de enero, un juez de Madrid condenó a una madre a pagar 45.900 euros a su pareja por haber impedido que el padre viera al niño durante dos años, pese a vivir en la misma ciudad. Hace un par de meses, otro juzgado, esta vez en Sevilla, le quitó la custodia a la madre de un niño porque la mujer se marchó a vivir a Madrid con el único propósito de alejarlo del padre.

Para buscar una solución cuando no se encuentra en la justicia se suele entrar en el mundo de detectives privados de primer y segundo nivel, rodearse de pícaros, buscavidas y hasta hampones de todo pelo. Preparando este Territorio Negro, un policía recordaba un caso ocurrido hace unos años en León. Un matrimonio que residía en Suiza se separó. El padre, que era español, se vino a vivir a León con sus dos hijos por la fuerza. Sorprendentemente, la madre no presentó denuncias, ni reclamó nada, parecía que se había resignado a no luchar, quizá por esto que hablamos de burocracias y distancias kilométricas. Pero un día, cuando los críos salían del colegio en León, dos hampones los subieron a un coche, los envolvieron en mantas y los trasladaron hasta Suiza