Hoy es el día del consumidor, y las asociaciones de consumidores celebran que este año el número de reclamaciones haya aumentado en torno a un 20%.

En medio de una crisis que parece no acaba nunca, empezamos a danos cuenta de que no estamos para regalar dinero. Estamos muy lejos de otros países de Europa, pero poco a poco vamos dejando de lado al conformismo.

La telefonía sigue siendo uno de los sectores con los que tenemos más conflictos: Las reclamaciones por tarifas que no hemos solicitado, cobros erróneos y otras condiciones abusivas han crecido casi un 30% en 2010.

El sector de la vivienda, para muchos el mayor quebradero de cabeza, ha sido objetivo de un 20% más de quejas, en especial el alquiler.

Este año los españoles están mucho menos contentos con sus empresas. Consideran que el aumento del paro no tiene por qué afectar a sus condiciones laborales. Las protestas por abusos en el ámbito laboral son las que más han crecido: un 52% con respecto a 2009, según  la OCU.

La huelga de controladores de diciembre, junto a las ya habituales reclamaciones contra las ‘Low cost’, convierten al sector aéreo en otro de los que causa mayores descontentos. Las quejas han aumentado un 50%.

La subida de impuestos también ha motivado un gran número de reclamaciones, así como los conflictos con el sector financiero, las compañías de suministros y los comercios en general.

No es agradable tener más motivos para reclamar, pero sí es una buena noticia que estemos abandonando la cultura de la pereza, que hasta ahora ha caracterizado a España.

Los usuarios de tarjeta prepago se quejan -con razón- de que no tienen ninguna ventaja con respecto a los de contrato. Las compañías móviles pretenden convencerles de que se pasen al pago mínimo mensual: les incentivan con móviles gratis y tarifas mucho más atractivas. Sin embargo, todavía hay quienes se resisten. Llaman muy de vez en cuando y su gasto mensual ni de lejos se aproxima a los 9 euros más IVA obligatorios con contrato.

Pero una cosa es premiar a los que gastan, y otra muy distinta robar a los clientes que no salen tan rentables. La extendida práctica de quedarse con el saldo de los usuarios que no realizan recargas tiene los días contados.

Yoigo ha sido la primera compañía multada, pero no tardará en acordarse las sanciones para el resto. El castigo puede parecer una broma si se compara con los beneficios globales de la operadora: 9.200 euros.

Sin embargo, todos los clientes afectados pueden reclamar el saldo que perdieron, utilizando en su argumento la Ley de Consumidores y Usuarios, que en su artículo 87 explica muy claramente: Se consideran abusivas "las estipulaciones que impongan (...) la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado y el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente".

Poco tienen que hacer las compañías si su argumento es que con el consumo del usuario no cubren los costes de mantenimiento. El mero hecho de recibir llamadas les convierte en clientes rentables y, si no lo fueran, la compañía estaría en su derecho a establecer condiciones de consumo, pero siempre sin quitarles su dinero.

Parece que este no es mi año con las compañías de telefonía móvil, y según me cuentan los lectores del blog a través del correo electrónico, no soy la única con esa suerte.

La cada vez mayor competencia debería favorecer a los clientes, tanto en el trato como en los servicios pero, al contrario, las operadoras buscan la forma de dificultarnos la portabilidad y aprovechan cualquier oportunidad para meternos un pago extra.

Hace seis meses cambié de compañía. Lo hice a través de una empresa inermediaria, que me ofrecía un móvil gratis de última generación y medio año de tarifa Internet móvil gratis "sin compromiso de permanencia". De no ser por esta última condición, nunca habría aceptado.

Antes de que se cumpliera el periodo de gratuidad llamé al número de atención al cliente para cancelar el servicio, y me informaron de que tenía la obligación de mantenerlo durante 18 meses o me cobrarían 150 euros. Debe de haberles funcionado el truco, porque el contrato no especifica el "sin compromiso" de la promoción. En tal situación, el cliente se siente importente, y muchas veces considera que la reclamación ni si quiera merece la pena. Un error.

Desconfio tanto de ese tipo de ofertas que tengo carpetas llenas de folletos y papeles con campañas publicitarias on line impresas. Os parecerá un lío y una pérdida de espacio en casa, pero hoy me han librado de pagar 150 euros, y no es la primera vez que tengo que echar mano de ellas. ¿Cómo iba a pensar el hombre que atendió a mi reclamación en la tienda que tendría guardada la revista de varios meses atrás, donde se detallan las condiciones del contrato? La corrección de la compañía fue casi inmediata, pero probablemente muy pocos tengan con qué demostrar la promesa que les hicieron en su día.

Espero tener la misma suerte con otra de mis reclamaciones contra la operadora; más increíble si cabe. He descubierto que llevan cuatro meses cobrándome un servicio de Internet que no se refleja en la factura que me llega a casa (de ahí que no me diese cuenta antes). Según parece, me envían una distinta a una dirección que no sé si existe, pero desde luego no es la mia. ¿Qué será lo próximo?

En el mismo golpe de vista, la pantalla del ordenador y dos hojas, una blanca y otra verde. Esta vez soy yo quien necesita asesoramiento. Ayer solicité una reclamación en un establecimiento de telefonía móvil, pero no he sido capaz de llevarla a la oficina de consumo. Sé que estoy en mi derecho, pero no sé si quiero.

Hace seis días solicité en esa misma tienda una portabilidad. Entre otras ventajas, la nueva operadora me proponía un precio muy razonable por las llamadas de móvil a fijo en caso de contratar con ellos también la conexión a Internet desde casa.

He cambiado de domicilio recientemente y, por trabajo, me urge una tarifa para navegar a cualquier hora y sin límites de velocidad. Para contratarla, es un requisito imprescindible ser también cliente móvil. Acepté y di la orden de tramitar el cambio de compañía de forma inmediata, para porder disfrutar cuanto antes de la tarifa plana. Les transmití mi prisa, pero antes quise garantizarme un buen teléfono gratis y la instalación de la red Wi-Fi sin costes.

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Probablemente el límite de tu paciencia, como el mio, esté muy por debajo del de cualquier comercial telefónico. Llaman reiteradamente a las horas más intempestivas para vendernos servicios de telecomunicaciones, préstamos, seguros y todo tipo de productos. Hacen caso omiso a nuestras peticiones de que no vuelvan a molestarnos y utilizan números ocultos para que no podamos reconocer el origen de las llamadas.

La ley anti Spam lleva dos meses en vigor, pero las llamadas -al menos a mi casa- no han cesado. Aunque sí he notado una diferencia: un tono de voz cabreado es ahora garantía de que no volverán a insistir. La multa no es para tomársela a broma: entre 600 y 600.000 euros, dependiendo del grado de agresividad del telemarketing.

Pero, ¿cómo obtienen esas empresas nuestro número de teléfono? ¿Por qué llegamos a formar parte de su base de datos? Cuando se trata de compañías con las que hemos mantenido algún tipo de relación comercial, la respuesta es fácil. La mayor parte de nosotros olvida seleccionar la casilla del contrato donde se especifica que no consentimos la utilización de nuestros datos para fines comerciales.

Las malas lenguas dicen que son éstas quienes se los venden a otras compañías menos cercanas a nosostros, aunque quiero pensar que esa práctica se quedó en Alemania. Los medios de comunicación dieron a conocer hace unos meses que los datos de millones de  germanos habían sido vendidos por empresas de telefonía y bancos con fines fraudulentos. Como no podía ser de otra forma, el Gobierno tomó medidas.

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