Al César lo que es del César. Zapatero dijo que el quince de julio estaría cerrado el reparto de los dineros autonómicos, hoy es quince, y están en ello. Es verdad que durante un año falló en sus pronósticos más que una escopeta de feria, pero en el último, oye, lo clavó. Bueno, acertó la fecha en que se reunirían los gobiernos autonómicos a darse por informados de que el único obstáculo que realmente quitaba el sueño al presidente -que el gobierno catalán bendijera los números- está resuelto.

Seguramente Castells, consejero de economía catalán, ha defendido la cuentas con más vehemencia incluso que el ministerio de Economía. ¿Dónde? En la reunión talla XXL que ha empezado a las cuatro y media de la tarde y a la que aún le queda. Está reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solemne nombre que recibe esta convención de gobiernos regionales para hacer cuentas y que suele ser más larga que un día sin pan.

 En el cónclave que celebraron los cardenales de la Iglesia católica allá por el 1271 para elegir al sucesor del difunto Clemente IV los habitantes de Viterbo rompieron el tejado del Palacio Episcopal -fue el primer palacio descapotado de la historia- y encerraron a los electores bajo llave para que el frío y las ganas de comer carne les animaran a resolver de una vez sus diferencias. Fue mano de santo. La inspiración divina les invadió de golpe y alcanzaron el consenso que durante tres años se les había resistido. En el ministerio de Economía el tejado sigue en su sitio y han encargado cátering. Fumata blanca va a haber, pero sólo a medias.

Ésta es la parte que no se va a cumplir de las bondadosas predicciones que hizo el presidente. Anunció que todos los gobiernos autonómicos estarían satisfechos porque todos ganan, y que el nuevo modelo -que tampoco es tan nuevo- saldría adelante con consenso. Cum laude, oiga. El consenso, en realidad, no existe. Ni siquiera tras este desahogo del Gobierno que se permitó el lunes al recurrir sin disimulo a la táctica Viterbo: dejar a pan y agua a los gobiernos rebeldes para cambiar sus voluntades. Quien no aplauda el modelo perderá dinero, dijeron, en una muestra de talante digna de Roberto Micheletti. Pues ni con esas.

Los gobiernos discrepantes se refugian en la abstención. Y alguno, el de Madrid, ha recurrido al pequeño truco de hacer saber que, si por él fuera, votaba “no”, pero que una vez que Rajoy ha dicho que mejor se abstengan, vale, se abstienen. Dices: bueno, siguen siendo más los que están a favor que los abstencionistas. Pues sí, pero. Si tenemos en cuenta que Madrid, por ejemplo, es la comunidad que aporta el 18 % del PIB nacional, su visto bueno debería ser tan buscado y deseado por el gobierno central como el de Andalucía y Catalunya, por citar los tres primeros puestos del ranking de aportacion a la actividad económica patria. Por usar las palabras del presidente, es deseable que todas las comunidades autónomas se sientan cómodas. Y es obligación el gobierno -él mismo se la autoimpuso- buscar el acuerdo total, la unanimidad de todas las regiones.

A esta hora de la tarde la noticia es que no existe el consenso que el presidente anunció. En estos casos el Gobierno recurre a otra expresión, hecha a la medida: en lugar de “consenso” se habla de “el mayor consenso posible”. Curiosamente, el mayor consenso posible coincide siempre con el grado de acuerdo que el gobierno ha conseguido recabar. Lo que no consigue, es porque no es posible. Asunto arreglado. Si hay comunidades que no están satisfechas con las cuentas, en lugar de rehacerlas se carga en ellas la responsabilidad de quedarse fuera. El discurso político recurrente es bien simple: se tacha a los gobiernos autonómicos discrepantes de partidistas, se les reprocha que antepongan intereses de partido a intereses ciudadanos y tan contentos. Si quien critica el reparto es, por ejemplo, el presidente andaluz, entonces se dirá que es porque vela por los intereses de su comunidad. Si quien lo critica es la presidenta de Madrid, es porque es del PP. Simplificar los debates es otra especialidad de este país nuestro, y del gobierno que lo gobierna.

El Consejo de Politica Fiscal no está sólo para votar al son de “esto son lentejas, o las tomas o las dejas”. Está para discutir, negociar y alcanzar acuerdos. Y es el gobierno quien, con su forma de contar las cosas y de presentarlas ante la opinión pública, ha alimentado la impresión de que no fue primero el modelo y luego las cuentas, sino al revés. Primero hizo las cuentas para satisfacer las legitimas demandas de Comunidades Autónomas concretas, y luego fabricó el modelo, los criterios, para justificarlas. La puesta en escena previa a la reunión de hoy es la que ha hecho posible que, exagerando el disgusto, sobreactuando, presidentes autonómicos del PP digan que con quien ha negociado, en realidad, Zapatero es con Ezquerra Republicana de Catalunya. No es así. Con quien ha negociado ha sido con el gobierno catalán y con el gobierno andaluz. A los demás los ha atendido un Manuel Chaves irrelevante. A todos se les insinuó que serían atendidas sus demandas, y ahora reclaman que se haga efecttivo lo apalabrado. Aun sabiendo que atendiendo todas, no basta con once mil millones más. Para satisfacer a todos, falta viruta.