Es un día triste para una candidata, con independencia de cual sea su partido político. Cuatro mujeres más han fallecido víctimas de la violencia de género, de la violencia familiar, de la violencia de sus compañeros o ex compañeros. Esta cifra ya resulta de por sí impactante, pero lo más grave es que 13 mujeres han muerto ya en menos de dos meses del año 2008. 

Esta cifra arroja una escalofriante proyección de 78 muertes anuales, muy similar a la media de los últimos cuatro años. La pregunta es obvia: ¿qué estamos haciendo mal? La tan publicitada ley contra la violencia de género no ha tenido ninguna influencia real en la sociedad y no ha conseguido reducir este gravísimo problema.

La razón es la misma que se repite en otras acciones como el acceso a la vivienda de los jóvenes o la dependencia. El Partido Socialista genera muchos textos legales, siguiendo una quimérica ilusión de Rodríguez Zapatero: basta con impartir doctrina para transformar los hábitos sociales. 

La realidad, sin embargo, es tozuda. Si las leyes no van acompañadas de medidas de desarrollo, de dotación presupuestaria suficiente y de medios humanos y técnicos, su valor es sólo testimonial. Hace falta un acuerdo serio con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para establecer medidas reales de atención letrada a la mujeres maltratadas, para aumentar el número y la formación de las FOP dedicadas a este tema, para crear programas de formación para mujeres que necesiten independizarse de sus parejas, para establecer créditos subvencionados para iniciar su vida profesional, y un largo etcétera de medidas concretas. 

Y, por supuesto, hay que pensar en las mujeres como un todo indivisible. Me niego a aceptar las etiquetas en esta terrible realidad de la violencia de género. No hay víctimas españolas, guatemaltecas o paquistaníes: sólo hay mujeres víctimas. Se está haciendo una costumbre este etiquetado inadmisible, como si el hecho de proceder de una cultura diferente nos permitiera atenuar el horror de la violencia.

No es verdad: tenemos la obligación moral y jurídica de que toda mujer residente en territorio español sea igual ante la ley y no podemos aceptar el falso atenuante de costumbres o culturas diferentes. Este es otro de los argumentos a favor de las tesis del Partido Popular sobre la inmigración: los mismos derechos, los mismos deberes. Y, desgraciadamente, las mismas víctimas.