¿Qué hacemos con nuestros mayores?  Esta es una pregunta reiterada que nunca tiene respuesta clara. Los cambios sociales acelerados, la disminución del peso y el tamaño de las familias tradicionales y el aumento del porcentaje de personas solas y familias monoparentales han hecho que las personas dependientes, tanto por razones de edad como por otros motivos, constituyan un colectivo cada vez más numeroso, que los últimos informes cifra en tres millones y medio de españolas y españoles.

La ley de Dependencia de finales de 2006 nos ha sido presentada como una solución para estos colectivos, pero su aplicación real dista mucho de acercarse al concepto solución. Sin entrar en la falta de dotación presupuestaria suficiente, y de que remite al capricho de cada Comunidad Autonómica buena parte de su regulación, importa señalar la trampa que una vez más se tiende a la mujer.

La pieza básica de actuación de esa Ley respecto a los grandes dependientes es la figura del cuidador familiar, al que se remunera con cuatrocientos euros mensuales. Ni que decir tiene que para el los Presupuestos públicos es un tremendo ahorro, porque una plaza de gran dependiente en una residencia tiene un coste mensual de unos 2.000 euros, es decir, cinco veces más.

Pero ese cuidador, que no puede ni ponerse enfermo ni ausentarse ni tomar vacaciones, ¿quién será? Pues en la práctica serán (en mayoría absoluta) mujeres de 40 a 55 años, que se verán pues impedidas de acceder al mercado laboral general y lo harán con un salario no sólo inferior al mínimo, sino por debajo de una de las actuales pensiones de viudedad.
¡Escasas alforjas para tan triste viaje!